La cuestión doctrinal sobre la prohibición o no de despedir por causas económicas o productivas derivados de la COVID-19 ha desembocado en que, el pasado 15 de diciembre de 2020 el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona haya fallado desestimar una demanda de despido por causas económicas y productivas derivado de la pandemia.
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España está viviendo, una situación inédita que muy probablemente supondrá un “gran cambio del transcurso de la humanidad” provocada por la pandemia mundial del coronavirus. La actual situación de excepcionalidad amparada legalmente mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 prorrogado por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, y el continuo cambio normativo, ha removido de arriba a abajo los cimientos de las dinámicas tradicionales de los ámbitos económicos, sociales, sanitarios y laborales de todo el país, generando una multitud de dudas entre trabajadores y empresas.
El 14 de febrero de 2020 el Tribunal Supremo, en recurso de casación para la unificación de doctrina, dictó una sentencia que confirma el criterio mantenido con anterioridad (sentencias de 29 de junio y de 11 de julio de 2018), por el que se entiende que la indemnización abonada por la extinción de un contrato temporal es compensable con la indemnización por despido improcedente, de tal manera que, en caso de que la extinción de un contrato temporal se declare como despido improcedente, las empresas no deberán abonar una doble indemnización, sino que a la indemnización de 33 días de salario por año de servicio se le restará la indemnización de 12 días por año correspondiente a la extinción del último contrato temporal.
El 18 de febrero de 2020, el Gobierno ha aprobado eliminar el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores que permite a las empresas despedir de manera objetiva por la acumulación de bajas médicas intermitentes, aunque estén justificadas.
